Marco A. Mares 10 Dic 2020 EL ECONOMISTA
La iniciativa de ley presidencial para eliminar el outosurcing provocó un severo resquebrajamiento en la cúpula de cúpulas empresariales.
Por la mañana el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes del sector privado: Carlos Salazar Lomelín del CCE, Francisco Cervantes Díaz de Concamin, José Manuel López Campos de Concanaco, Sofía Belmar, presidente de la AMIS, Antonio del Valle Peronchena presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Nathan Poplawsky Berry presidente de Canaco, Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB y Valentín Diez Morodo, presidente del Comce firmaron un acuerdo para buscar el consenso sobre la subcontratación y el reparto de utilidades y, decidieron ampliar el plazo del diálogo, hasta febrero del 2021.
Pero más tarde, al grito de “regulación sí, prohibición no”, la Canacintra de Enoch Castellanos, la Coparmex de Gustavo de Hoyos y el Consejo Nacional Agropecuario rechazaron el acuerdo porque “preserva la prohibición de la subcontratación y se relega solo a la subcontratación especializada”.
Al mismo tiempo repudiaron la estigmatización (por parte del gobierno federal) de los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
El presidente de la República, acompañado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, la Jefa del SAT Raquel Buenrostro, el director del IMSS, Zoé Robledo y el director del Infonavit,Carlos Martínez anunció el acuerdo como un acto de conciliación para llegar a un consenso sobre la subcontratación y reparto de utilidades. Este último tema no venía incluido en la iniciativa de ley, pero las partes convinieron abordarlo y mantener el cumplimiento al mandato constitucional en torno a esa contraprestación.
La idea central del acuerdo es eliminar la subcontratación discrecional, sin límites y evitar el abuso.
Las empresas se comprometieron a revisar y regularizar sus plantillas. Por su parte, el IMSS, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a las empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, procederán de inmediato, administrativa o penalmente.
Los disidentes del empresariado nacional se manifestaron a favor de las prácticas legales que favorecen la creación de empleo y la inversión y externaron su disposición a mantener el diálogo con el Poder Ejecutivo y con el Congreso para que se priorice la regulación y se evite la prohibición.
La iniciativa privada logró en el último minuto evitar que se aprobara la controvertida iniciativa de ley presidencial y el inicio del diálogo, sin duda es muy positivo.
Sin embargo, los industriales y patrones, ven con preocupación que el punto de partida sobre las negociaciones sea la prohibición a rajatabla de la figura del outsourcing y la estigmatización generalizada del empresariado.
La grieta en la cúpula de cúpulas parece profunda. Veremos.
